El Antipatriota. Causa criminal seguida a un herrero colombiano en 1823


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Marcos González Pérez | margonza1marcos@gmail.com

El proceso es, por así decirlo, el único caso de «experimento historiográfico»: en él las fuentes actúan en vivo, no sólo porque son asumidas directamente, sino también porque son confrontadas entre sí, sometidas a exámenes cruzados, y se les solicita que reproduzca, como en un psicodrama, el acontecimiento que se juzga.

(L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penal, p. 32, Bari, 1989, citado por Ginzburg, Carlo, El Juez y el Historiador, Anaya&mario Muchnik, Madrid, 1993, p. 24)

I

El 30 de agosto de 1821, en el marco del Congreso General, reunido desde mayo, en la Villa del Rosario de Cúcuta, los diputados colombianos y venezolanos que lo componían y que estaban presentes firmaron la Constitución de la República de Colombia, que empezó a regir desde el 6 de octubre del mismo año, una vez Simón Bolívar como Presidente la firmó y bajo un sello provisional de la República ordenó que se cumpliera, se publicará y se hiciera circular. Este acto fue refrendado por los ministros: Pedro Briceño Méndez de Marina y Guerra, Pedro Gual de Hacienda y Relaciones Exteriores y Diego B. Urbaneja, de Interior y Justicia.

Original de la Constitución de la República de Colombia, firmado por Simón Bolívar. Archivo General de la Nación. Foto: Marcos González Pérez

Además, el 20 de septiembre del mismo año, bajo la presidencia de Vicente Azuero, el Congreso había determinado las formalidades que se debían seguir para la difusión de la Constitución, una vez Simón Bolívar la firmará y autorizará la publicación (Decreto del 6 de octubre. Sobre las formalidades con que debe publicarse la Constitución).

La intención formal era que fuera obedecida por todos los «súbditos» de la república y festejada con toda la solemnidad que implica un suceso de tal relevancia: la construcción de la república. Se había establecido que, una vez el ejecutivo recibiera el original de la Constitución, se mandaría imprimir y publicar el texto el cual debía circular en todos los pueblos de la república.

En cada uno de estos lugares, el juez o autoridad principal determinaría los días en los cuales debía hacerse el ritual de obedecimiento solemne de la Constitución y se difundiría la invitación para que todos los vecinos participaran.

En el artículo 49 del Decreto se establecía como programa. El primer día se haría la publicación solemne de la Constitución, con asistencia de todas las autoridades y corporaciones civiles, eclesiásticas y militares que haya en el lugar y con el decoro, decencia y pompa que permitan las circunstancias de cada pueblo. Se leerá en altavoz toda ella, en el paraje más público y concluida la promulgación habrá repiques de campanas, salvas de artillería, donde pueda ser, u otras señales de regocijo público.

Según el artículo 59, el segundo día, asistirán todos los vecinos a la iglesia parroquial o matriz y se celebrará una misa solemne de acción de gracias y el cura, u otro eclesiástico, ofrecerá una breve exhortación análoga al objeto. Después de concluida la misa, a invitación del principal magistrado político, prestarán los asistentes, a una voz, juramento de guardar la Constitución bajo la fórmula siguiente: «¿Juráis por Dios y por los sagrados Evangelios, obedecer, guardar y sostener la Constitución de la República de Colombia, sancionada por el primer Congreso General el día 30 de agosto de 1821?». A lo que los concurrentes responderán: «sí juramos» y en seguida se cantará un Te Deum.

Por el artículo 69, los jefes departamentales, tribunales de cualquier clase, gobernadores, justicias, cabildos, arzobispos, obispos, prelados, cabildos eclesiásticos, universidades, comunidades religiosas y las demás corporaciones, empleados y oficinas de toda la república prestarán oportunamente este juramento, bajo la misma fórmula indicada, si no ejercieren jurisdicción ni autoridad y los que la ejercieren bajo la siguiente: «¿Juráis por Dios y por los sagrados Evangelios, obedecer, guardar y sostener, y hacer obedecer, guardar y sostener la Constitución?». Respondiendo: «sí juramos».

En todas las catedrales, universidades, colegios y comunidades religiosas, se celebrará una misa de acción de gracias con Te Deum, después de haber jurado los respectivos cabildos y comunidades la Constitución.

Se determinó también en el artículo 79, que donde existan divisiones militares los respectivos jefes señalarán los días que juzguen conveniente, después de recibida la Constitución, para que, formadas las tropas, sea publicada en su presencia, leyéndose toda en altavoz. En seguida el jefe, oficialidad y tropa, jurarán frente de las banderas de la república bajo la fórmula expresada en el artículo 59.

De todos los actos expresados en esta ley, se remitirá inmediatamente certificación al Poder Ejecutivo, el cual exigirá las que no le fueren remitidas a su tiempo, y se dará también la correspondiente noticia en las gacetas (artículo 89). Los días expresados  se solemnizarán en todos los pueblos y divisiones del ejército con fiestas y regocijos públicos, (artículo 99) en honor de la Ley fundamental y de la Constitución, tal como fue establecido en el artículo 12 de la Ley Fundamental de la Unión de los pueblos de Colombia, el 12 de julio de 1821.

Así, el inicio de la construcción de la República de Colombia tuvo como elemento sacro la unificación de su comunidad política, a través del juramento de obediencia a la Constitución y como tal se festejó. Pero al mismo tiempo lo que implicaba el juramento colectivo era el establecimiento de una serie de normas, que se debían cumplir como ciudadanos moradores de una nación y, su no cumplimiento, significaba infracciones a lo establecido.  

Es este el sentido principal del relato que se encuentra a continuación. Trata de la aplicación de algunos aspectos jurídicos, que se aprobaron en la Constitución juramentada, y que al no ser ejecutados originaron procesos jurídicos. Analizaré, específicamente, el caso particular de Marcos Trujillo, un herrero iletrado, acusado de varios delitos en 1823.  

II

Marcos Trujillo nacido en Girón (situado en el actual departamento de Santander), en el año de 1787, casado y con hijos, se había trasladado a vivir a Pinchote, situado en el mismo departamento, donde ejercía dos oficios: herrero y cosechero. Según se conoció, vivía en «paz, tranquilidad y era libre, y dueño de su propio albedrío», según lo manifestó José Antonio Arenas, un defensor de oficio residente en El Socorro.

No obstante, con la aprobación de la Constitución de la República de Colombia, en 1821, su vivencia cotidiana dio un vuelco debido a la aprobación de la Ley del 30 de septiembre de ese año. Mediante esta Ley se estableció dar una contribución directa para la subsistencia de los ejércitos, que tan gloriosamente todavía combatían por la independencia de la república, y también para sostener los demás ramos de la administración. Esta determinación quedó consignada en los deberes de los colombianos, artículo 5, de la Constitución de 1821, según el cual se debía «contribuir con los gastos públicos y estar pronto en todo tiempo a servir y defender a la patria, haciéndole el sacrificio de sus bienes y de su vida, si fuere necesario».  El sentido de estas contribuciones fue aprobado por los diputados del Congreso el 15 de junio de 1821 y quedó expreso en el acta de esa fecha. He aquí las palabras de uno y otro:

Artículo 1. Todos los ciudadanos de Colombia son soldados natos de la patria, y obligados a tomar las armas en su defensa cuando sean requeridos por el gobierno.

Artículo 2. Es un deber de los mismos ciudadanos contribuir con todas sus facultades y con su fortuna para que tenga efecto la defensa de la República y el establecimiento de su independencia y libertad.

Conocedor de los oficios en las fraguas (especie de fogones con rejillas para forjar metales), que se ubicaban en varias maestranzas de artillería, de la naciente República de Colombia, donde entre otros objetos se fabricaban las herraduras para calzar los caballos, este herrero fue llamado a colaborar en las labores que se ejecutaban en la Maestranza de Pamplona. Su destreza como herrero era una de las ocupaciones más apreciadas en estas épocas, dado que los caballos eran absolutamente necesarios, tanto en la guerra como en las labores de transporte.

Representación de los trabajos en una maestranza. Técnica: óleo sobre lienzo. Autor: Roberto Palomino, 2013. Con asistencia de Campo Elías Belalcázar, Museo Casa Caldas, Museo Caldas, Bogotá. Foto: Marcos González Pérez.

Como colombiano, sometido a la constitución de 1821, accedió a prestar sus servicios a la naciente República y laboró en la Maestranza, donde las raciones eran más bien escasas y no tenía sobrante alguno para enviar a su familia, que vivían en Pinchote, lugar distante a su lugar de trabajo.

Bajo estas circunstancias, en el año de 1823, y a un año de estar prestando sus servicios en la Maestranza, decide fugarse para buscar a su familia. Esta acción es considerada un delito, según lo aprobado en el Primer Congreso General de Colombia, reunido en la villa del Rosario de Cúcuta, entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821, con el propósito de construir los fundamentos de la nueva república.  

Allí, 57 diputados, como parte de los 95 elegidos que representaban 19 provincias, instalaron las deliberaciones de ese Primer Congreso, presidido por el vicepresidente (interino) de Colombia, Antonio Nariño, cuya convocatoria se basaba en la Ley fundamental de 17 de diciembre de 1819, aprobada en Angostura, Venezuela, en el marco del Congreso que había sesionado en esta población venezolana en 1819.

Según quedó consignado en varios procesos criminales, seguidos en esta década de 1820, así como en las actas de las sesiones del Congreso, en los textos de las leyes aprobadas en el Primer Congreso y en los decretos del Primer Congreso Constituyente reunido en Bogotá, entre abril y agosto de 1823, en estos años eran considerados delitos actos tales como: infidencia, antipatriota, desobediencia al gobierno, fuga, injurias, incendiaria, conspiración, desafección de la causa americana, desafección al sistema, robos y  bandolerismo.

Igualmente mediante el Decreto de 27 de junio de 1821 relacionado con el indulto a varios delincuentes se determinó que gozarían de esta gracia todos los presos que se hallaran en las cárceles de la República, siempre que no hayan cometido los delitos de homicidio voluntario, falsificación de moneda, mala versación de caudales públicos, rapto, hurto calificado o simple, incendio, bestialidad, sodomía y desafío, así como también se exceptuaron de la gracia los conspiradores contra la República. No obstante, el indulto se aplicaba también a desertores, bajo determinadas condiciones, y a los enemigos de la independencia, «que, estando en el territorio de la República, se presentaren a jurar fidelidad al Gobierno». El juramento era el ritual que acreditaba la pertenencia a la nueva nación en ciernes. Se han encontrado además causas criminales por herejes, borrachos, abigeato, falsedad de documentos, exacción de derechos excesivos o por infringir la constitución (En Sección República, Fondo: Asuntos criminales, Archivo General de la nación, Bogotá).

Así, bajo estas determinaciones jurídicas surgidas en el Congreso de 1821, la fuga de la maestranza por parte de Marcos Trujillo se tipifica como delito de desobediencia al gobierno y en consecuencia se le abre una causa criminal en el año de 1823.

III

El 6 de enero de 1823, el juez político de la villa de San Gil (situada en el actual departamento de Santander) envió una orden a los alcaldes de la parroquia de Pinchote, para que aprehendan a Marcos Trujillo, residente en esa población, con el fin de que sea conducido y comparezca ante ese juzgado, acusado de haberse fugado de una Maestranza, donde prestaba servicios al Estado, en calidad de herrero.

El 7 de enero es aprehendido y remitido a San Gil, bajo la custodia de dos guardias, uno de nombre Christian Arguello, de 40 edad de edad, quién narra que estando en camino, el acusado se devuelve y con una navaja se «esgarreta» el pie derecho y profiere, según el guardián, una serie de barbaridades, por lo que pide refuerzos para controlarlo.

Mapa de San Gil y Pinchote, Archivo General de la Nación. Mapoteca, No 406A

Al día siguiente, 8 de enero, el gobernador, comisionado en armas de San Gil, emite la orden a los alcaldes de Pinchote para que Marcos Trujillo sea remitido sin dilación, así como también les piden realizar el sumario de los hechos sucedidos desde el día 7 de enero, con base en las informaciones de los guardianes designados, quienes deben también comparecer al juzgado para declarar. La formación de causa, los procedimientos y juzgamientos habían sido aprobados en el Congreso de 1821.

Bajo esta orden, el 15 de enero comparece en Pinchote el guardián Cristóbal Arguello e informa, en el marco de la elaboración del sumario, que Marcos Trujillo el día de la aprehensión había manifestado que «aunque con una pena se quitaba la vida y que él quería morir en su tierra y no en “agena”». En esta sesión se encontraban como testigos José Antonio Martínez, Félix Fernández y Florencio Matías, quién firma por Arguello la declaración escrita, dado que comenta que no «firma por no saber». Los testigos y el declarante afirman bajo juramento que lo narrado obedece a la verdad de lo sucedido.

El 17 de enero en el juzgado de San Gil, pasa a la justicia ordinaria, con sede el Socorro, la Providencia sobre Marcos Trujillo y pide que con toda brevedad «substancie y sentencie» la causa conforme a las leyes.

Esta providencia se recibió el 31 de enero y el 1 de febrero el Alcalde ordinario del Socorro, que tenía funciones policiales y judiciales, hizo comparecer a Marcos Trujillo para continuar con el proceso.

IV

El Artículo 5, de la Constitución de la República de Colombia, determinaba como deber de los colombianos vivir sometidos a la Constitución y a las leyes y se debía respetar y obedecer a las autoridades, así como contribuir a los gastos públicos y estar dispuestos a servir en todo tiempo y defender a la patria, aportando con sus bienes y si fuere necesario con su vida. Además se legisló en ese y en años posteriores sobre contribuciones directas o extraordinarias, con el fin de atender las necesidades del Estado. Esto orientaba que, en muchos casos, si no se poseían bienes para aportar, se debía prestar servicios voluntarios de trabajo para el Estado.

Para dar cumplimiento a los actos jurídicos se crearon Cortes de Justicia y los Juzgados Inferiores de la República (numeral 8, artículo 55 de la Constitución aprobada) y se autorizó que el Congreso estableciera las Cortes Superiores, que fueran necesarias, para una fácil administración de la justicia (artículo 147). Entre estos estaban los juzgados inferiores, que estarían regidos por una ley particular hasta que el Congreso estudiará toda la administración de justicia (artículo 149).

Como se había dividido el territorio de la República de Colombia —conjunto formado por el antiguo Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela—, en departamentos, provincias, cantones y parroquias se determinó que subsistirían los cabildos o las municipalidades de los cantones (artículo 155).

Como disposiciones generales se consideró que todo hombre se presumía inocente hasta que se probará su culpabilidad, con ajuste a la ley. «Si antes de esta declaratoria se juzga necesario arrestarle o prenderle, no debe emplearse ningún rigor que no sea indispensable para asegurarse de su persona» (artículo 158) y en negocios criminales ningún colombiano puede ser apresado sin que proceda información sumaria del hecho por el cual deba ser castigado, de acuerdo a la ley, con pena corporal (artículo 159) salvo en los casos en que se sorprenda in fraganti, en donde puede ser arrestado y conducido ante un juez (artículo 160).

En todo caso para que un ciudadano pueda ser detenido se necesita una orden firmada por la autoridad, que contenga los motivos, y siempre debe ser informado (artículo 161). Al tomar la confesión de un procesado se le debe informar de todo el procedimiento, incluyendo los datos de documentos o declaraciones de testigos, con los nombres de estos para que haya claridad. Si el procesado no conoce los testigos debe ser informado de quiénes se trata (artículo 165). 

También se debe estar atento para que una vez «parezcan desvanecidos» los motivos del arresto, detención o prisión, el arrestado pueda ser puesto en libertad. Esta se puede obtener igualmente libertad bajo fianza, si se considera que no debe imponérsele pena corporal (artículo 165). Ninguna persona puede ser juzgada sino por tribunales y por leyes ya establecidas. Ninguno «será admitido ni obligado con juramento ni con otro apremio» a dar testimonio contra sí mismo en causa criminal, ni tampoco los descendientes y parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (artículo 167). Todo juicio tendría solo tres instancias y el juez que falle en primera instancia no podrá ser parte de las que se presenten después (artículo 172).

Respecto de los bienes, se considera que ninguno podrá ser privado de la menor porción de su propiedad y no se utilizará para usos públicos sin su consentimiento o por una acción del cuerpo legislativo. Si se llegará por alguna necesidad a exigir que una propiedad sea utilizada para fines públicos debe existir una justa compensación (artículo 177).

La reglamentación de cada uno de los artículos aprobados sobre estos asuntos de la justicia orientó a las autoridades, tanto de las altas Cortes como a los alcaldes. Algunas disposiciones fueron dejadas tal como se aplicaban en la era anterior, a la época de la independencia, y otras fueron aprobadas para dar luces a la nueva república en construcción.

Así, al amparo de la Constitución de la República de Colombia se exigía en todo el territorio de la república un impuesto sobre las rentas o ganancias de los ciudadanos bajo el título de «contribución directa», que permitieran proveer fondos para la subsistencia de los ejércitos que combatían todavía por la independencia, así como para sostener los gastos de la nación. (Ley de 30 de septiembre de 1821, reformada por Ley de 4 de mayo de 1825).

La Ley del 8 de octubre de 1821 trató sobre la organización y régimen político de los departamentos, provincias y cantones, de tal manera que los casos de justicia que se presentarán en las provincias de Tunja, Socorro, Pamplona y Casanare estaban adscritos al departamento de Boyacá.

El mando político de cada departamento, dice el artículo 4 de la Ley de 8 de octubre, reside en un magistrado con la denominación de Intendente, sujeto al Presidente de la República, conforme a la Constitución.

En todos los casos se tendrán en cuenta las Ordenanzas dadas en Madrid, el 4 de diciembre de 1786[1], que crea los gobernadores intendentes y fija las facultades como jefe de departamento, aplicadas para los Intendentes de Méjico en las causas de justicia, policía, hacienda y económica de guerra. Estas funciones se observarán por todos los magistrados y súbditos de la República en todo lo que no sea contrario al presente sistema de gobierno, ni esté derogada por la Constitución y leyes establecidas o que se establecieren. 

Así, en Colombia, el Intendente ejecuta las penas impuestas por las leyes de policía y decretos de buen gobierno. En cada provincia habrá un gobernador, subordinado al Intendente del Departamento, aunque en los casos de justicia y policía tiene las mismas atribuciones del Intendente. Los cantones serán administrados por un juez político quien cuida del orden y tranquilidad pública y es subalterno del gobernador de provincia, preside los cabildos y sus funciones también se basan en las instrucciones de corregidores de 15 de mayo de 1788.

En todo lugar, que sea cabecera de cantón, habrá dos alcaldes ordinarios y en cada parroquia habrá dos alcaldes pedáneos, nombrados por el cabildo. En materias de justicia este organismo es un auxiliar de los jueces (artículos 21, 22, 33 y 44 de la ley de 8 de octubre. Sobre organización y régimen político de los departamentos, provincias y cantones en que se divide la República).  

Por el artículo 48 de la misma Ley de 8 de octubre de 1821, queda claro que los alcaldes ordinarios y los pedáneos son los encargados de asuntos de policía, orden y tranquilidad de sus cantones y parroquias, así como que los pedáneos son subordinados de los alcaldes ordinarios.

Se decreta, el 14 de octubre de 1821, el proceder contra los conspiradores y perturbadores de la tranquilidad pública determinándose: Artículo 1. Serán perseguidos y juzgados los conspiradores contra la República, los bandoleros, los que comentan hurtos o los que turben la paz pública con asonadas o tumultos. El artículo 3 se refiere a los presos, a quienes se les debe hacer un sumario de los detalles del delito antes de su confesión y, si fuera posible, dentro de las 24 horas del momento de su arresto. Una vez concluida la confesión se nombrará el fiscal y el defensor del reo y en el mismo acto se abrirá la causa para pruebas, por un término que no exceda de ocho días (artículo 4). Cuando haya expirado el término probatorio, el juez, oficia este conocimiento al fiscal y al reo.

Luego, el juez pronunciará la sentencia, con citación de los interesados, la cual pasa al gobernador de provincia para que sea confirmada o enmendada, bajo un plazo de tres días. Si la sentencia del gobernador fuere confirmatoria o revocatoria en favor del reo, se devolverá inmediatamente el proceso al juez inferior para que la ponga en ejecución, pero si fuere revocatoria, agravando la pena, se podrá suplicar de ella por el reo, ante la Corte Superior y dentro de las 24 horas siguientes. Este tribunal, en los seis días siguientes, pronunciará el juicio de súplica, el cual se llevará a efecto por el juez de primera instancia, a quién se devolverá el proceso (artículos 5 a 9, Ley de 14 de octubre de 1821. Sobre el modo de proceder contra los conspiradores y perturbadores de la tranquilidad pública).

Para cumplir con estos mandatos el Congreso reglamentó la organización de los Tribunales de la República y decretó que la Alta Corte de Justicia, encargada de conocer las causas criminales y civiles, estaría conformada por cinco ministros: tres jueces y dos fiscales.

La República se divide en tres distritos judiciales, de los cuales el segundo será el distrito del centro, que comprenderá los departamentos del Magdalena, Cundinamarca y Boyacá y en cada distrito habrá una Corte Superior de Justicia. La Corte del Centro tendrá a Bogotá como sede.

Estas Cortes de Distrito se compondrán de 9 ministros (7 jueces y 2 fiscales) y tendrán como facultades el conocer en apelación de segunda y tercera instancia las causas civiles y criminales, que sean remitidas por los jueces y tribunales inferiores de sus distritos, así como las causas criminales que traten de penas corporales que deben ser recaer en por lo menos 5 jueces.

El gobernador de cada provincia conocerá, en grado de apelación, todas las sentencias que pronuncien los alcaldes ordinarios en demandas civiles cuya cuantía no sobrepase los mil pesos.

Los alcaldes ordinarios son jueces, en primera instancia, de todos los negocios contenciosos criminales y civiles de cualquier cuantía, cuyo reconocimiento no esté atribuido a otras autoridades y son jueces de apelación de las sentencias que se pronuncien por los alcaldes pedáneos en los negocios de menor cuantía.

En los casos criminales, si el acusador y el reo consintieran la sentencia, si no existe pena corporal, se ejecutará por el alcalde ordinario. Pero si la causa fuere con pena corporal se remitirán los autos a la Corte Superior, después de la apelación.

Todos los alcaldes ordinarios, en un plazo de tres días,  deberán dar cuenta a la Corte Superior del Distrito de las causas que se formen por delitos cometidos en su territorio y después continuarán dando cuenta de su estado en las épocas que la Corte Superior las prescriba. Deberán, igualmente, remitir a la Corte Superior las listas generales de las causas civiles y cada tres meses las de criminales.

También se reglamentaron las funciones de los alcaldes pedáneos, que tenían jurisdicción en sus respectivas parroquias, cuyas facultades se relacionaban con demandas civiles, de menor cuantía. También pueden conocer, a prevención con los alcaldes ordinarios, de las justificaciones ad perpetuam, interposición de un retracto y otras diligencias judiciales de igual naturaleza, en que no haya todavía oposición de parte. En los casos de cometerse en sus pueblos algún delito o encontrarse algún delincuente, podrán y deberán proceder de oficio o a instancia de parte, a formar las primeras diligencias de la sumaria y prender a los reos, siempre que resulte de ellas algún hecho por el que merezcan según la ley ser castigados con pena corporal, o cuando se les aprehenda cometiéndolo in fraganti,pero darán cuenta inmediatamente a uno de los alcaldes ordinarios y le remitirán las diligencias poniendo a su disposición los reos.

Estas normas jurídicas fueron las aplicadas en el caso de Marcos Trujillo, en 1823, cuyo trámite continuó con los interrogatorios.

V

Bajo estas orientaciones procedimentales en el campo de lo jurídico el Alcalde Ordinario del Socorro lleva a cabo un primer interrogatorio a Marcos Trujillo y sin exigirle juramento le «apercibió» para que dijera toda la verdad de lo sucedido, a lo cual manifestó que era natural de Girón y feligrés de Pinchote, de edad 36 años y herrero de oficio.

Manifiesta que fue remitido como prisionero desde Pinchote por el alcalde, de apellido Santos, y que la causa de esto fue por haberse desjarretado, la primera vez que intentaban llevarlo a la villa de San Gil y que lo hizo porque pensaba que de nuevo lo mandarían a la Maestranza o Fragua, ubicada en Pamplona, a trabajar de cuenta del Estado.

El alcalde le demanda si es cierto que en el camino hacia San Gil se «desgarreto» para no ir a ponerse a disposición del juez político de esa villa y que pidió a sus guardianes que le consiguieran un «medio» para darse muerte, «aunque fuera con una estaca» y que prefería quitarse la vida antes que volver a prestar el servicio. También le reconvina sino es consciente de los delitos cometidos al negarse abiertamente a prestar servicios a la República y declarar que prefiere quitarse la vida, lo que se cataloga como delito.

El acusado respondió que había pronunciado esas palabras porque creyó que lo estaban llevando para mandarlo otra vez a la Maestranza en Pamplona, pero que luego había reflexionado y estaba arrepentido «cayendo en cuenta» de que no haría tal cosa dado que era cristiano y que no se negaba a prestar servicios al Estado pero que no lo alejaran de su casa y de su familia.  

Al final de la sesión el escribano Dámaso Camacho lee ante el confesante el escrito de la confesión pero éste manifiesta que «no firma por no saberlo hacer».  El alcalde concluyó la sesión manifestando que la continuaría si fuere necesario.

VI

El 18 de enero, en un ritual juramentado y bajo la señal de la cruz, Luis Pacheco, quién por decreto había sido nombrado fiscal de la causa, acepta el cargo ante el alcalde ordinario de El Socorro e inicia sus labores citando al acusado, quien se encontraba ya encarcelado, para el 7 de febrero con el fin de formularle cargos.  

Primeramente el fiscal le recuerda que está procesado por el delito de especie de suicidio al herirse una pierna con un arma cortante, por fugarse de la maestranza de Pamplona, tal como lo confesó días antes y le expresa que sólo en un estado desesperado e irreflexivo una persona puede proporcionarse la muerte, sólo por no prestar el servicio al Estado en su calidad de herrero.

Nuevamente el acusado le reitera que el daño se lo causó para que no fuera de nuevo llevado lejos de su casa, pero no, por no servir al Estado, y que lo hará si los oficios los puede realizar en un lugar de la provincia, añadiendo que mientras estuvo en la Maestranza había recibido una ración muy «limitada» y sin sueldo alguno.

El fiscal, si bien considera que la baja gratificación por un trabajo, motiva una exaltación de ánimo y retraimiento para ejercer su oficio, pide que el acusado sea escarmentado por todos los delitos cometidos con una pena arbitraria que debe consistir en quitarle los bienes que posea, o si tiene descendientes deben ser la mitad de los mismos, según la Ley 8, artículo 23, (de la recopilación) y en defecto de esto debe ser condenado a pagar un año de trabajos en la maestranza de esta villa, como satisfacción del agravio recibido y como gratificación para el Estado. Además solicita del escribano que prevenga «al reo» para que nombre defensa de su caso, si no puede responder por sí mismo.

El escribano informó de estos actos en visita a la cárcel pública donde estaba recluido el acusado, quién de nuevo manifiesta que no firma por no saber y que no tiene como defenderse por sí mismo.

Con base en los informes de esta diligencia procesal se nombra a Joaquín Martínez, como defensor de oficio, quién manifiesta que “no firma por no saber”.

El 19 de febrero el mencionado Joaquín Martínez se presenta ante el Alcalde Ordinario para cumplir con las formalidades del caso. Una vez notificado del nombramiento por el Alcalde, el ritual sigue con el acto religioso de invocar a Dios Nuestro Señor y con la señal de la cruz que cada uno se da, se le recibe el juramento al nombrado, quién manifiesta que bajo gravedad de juramento oficia cumplir con los deberes que le impone el ministerio.

Comienza el defensor por manifestar que con todo respeto «paresco» y digo:

«Que al sumario y confesión solo resulta el que este se desgarreto por escaparse de salir a tierra extraña abandonando su pobre familia y dejándola expuesta a perecer de hambre, sin que por esto se le pueda atribuir con fundamento que lo verificó por no servir al Estado, pues es constante que en las maestranzas de Pamplona estuvo trabajando a ración y sin sueldo y de consiguiente sin poder socorrer a su familia de modo alguno, y esto seguramente le “impelio” a cometer el exceso de que es acusado.

Le manifiesta al Alcalde Ordinario que “los delitos son más o menos graves según la persona que los comete, porque si el delincuente es un hombre de una mediana educación, de algunos principios y representación, desde luego que sobre este individuo debe caer todo el peso de las leyes, pero en un rústico negado que por su oficio se deja conocer muy bien cuáles son las circunstancias, debe aplicarse en su favor toda la equidad y consideración del juzgado, pues no es presumible que si mi defendido fuese capaz de un prudente discernimiento hubiere cometido tal atentado por todo lo cual implorando la protección de su noble empleo se ha de servir de justificación declararlo libre de cualquier cargo a mi protegido poniéndolo entre tanto que se sentencia bajo la fianza que oficio a nombre de él y en obsequio de la humanidad a satisfacción el juzgado provea según mi solicitud, su libertad.”  

En marzo el Alcalde Ordinario pide que para su estudio por nueve días se adjunte al sumario de esta causa lo demandado por el abogado defensor y que en cuanto a la excarcelación que se solicita se consulte con el señor doctor Joaquín Plata, y se le haga saber al escribano Dámaso Camacho quién informa al defensor de este paso.

El 3 de marzo, el señor Joaquín Plata manifiesta que dado que tiene como empleo el cargo de Teniente del gobierno (Por el Artículo 10 de la Ley de 8 de octubre de 1821, sobre organización y régimen político de los departamentos, provincias y cantones en que se divide la República -vigente hasta 1825- se designaba en cada departamento un Teniente asesor letrado del Intendente, quién podría consultar a la Corte Suprema de Justicia en los casos que no “se conformara” con sus sentencias) está impedido para conocer del caso, razón por la cual se nombra a Don Joaquín Vargas, a quién le pasan copia de los autos con las citaciones correspondientes de Joaquín Martínez y de José de Jesús Camacho.  

El 5 de marzo comparece ante el Alcalde ordinario el ciudadano Joaquín Martínez, defensor de oficio de esta causa, el cual declara que los términos impuestos de nueve días para el alegato en favor del acusado Marcos Trujillo son muy cortos pidiendo se amplíe el término por veinte días y además, que por estar encargado de otras causas criminales, solicita que se le «inhiba» de continuar con el caso.

El 6 de marzo el alcalde responde accediendo a la prórroga de veinte días para el conocimiento del auto y designa como nuevo defensor de oficio en el caso de Marcos Trujillo a José Antonio Arenas, a quién convocan para el juramento en la villa del Socorro.

El 7 de marzo se cumplen las solemnidades de rigor, es decir, información del nombramiento al defensor de oficio, luego el acto religioso y el juramento de cumplir con lo demandado con la presencia además de Dámaso Uribe, Antonio Arenas y José de Jesús Camacho.

El defensor solicita tiempo de veinte días para informarse del sumario, y de paso, envía un requerimiento pidiendo información a tres testigos sobre el caso de Trujillo en la maestranza: Miguel Ayala, Francisco Díaz y José María Vargas y solicitando que contesten tres preguntas, ojalá personalmente:

1. Edad, vecindad y generales de la ley.

2. Digan si han conocido a Marcos Trujillo trabajando en la Maestranza de la República a ración y sin sueldo, sin «repugnancia» cuando se le llama, y hasta cuando estuvo trabajando en Pamplona.

3. Digan si han observado en él una buena conducta, obediente a los superiores, dispuesto a cumplir con prontitud el llamamiento de la justicia, que cumple con las obligaciones de vecino y de cristiano. Todo esto debe reservarse para cuando se haga la publicación de pruebas en este proceso.  

En la misma fecha y con el propósito de no retrasar el proceso, se nombra a Nepomuceno González, como fiscal en reemplazo de Luis Pacheco «quién se halla enfermo en cama» y en el mismo día también se le hace el juramento de rigor, así como se le pone al tanto de la causa procesal.

De esta sumaria información, informa el Escribiente al fiscal Nepomuceno González, practicada contra Marcos Trujillo, no resulta verdaderamente un ánimo o resolución deliberada de cometer el horrendo atentado de privarse de la vida por sí mismo. Sin tratar de excusarlo por la especie de mutación que se hizo, con el propósito de que fuera eximido del servicio a que se le destinaba, consideró que este acto no aplica para que se le trate como intento de suicidio ni tampoco para que haya confiscación de bienes. Por consiguiente, continúa el Escribiente, creo que el citado Trujillo, por razón de la cortadura y la resistencia a prestar sus servicios a la Patria, aunque no absolutamente según su confesión, y que si damos medios o crédito a ella, es un cierto modo disimulado, por los motivos que decepciona, y solo es acreedor a una pena arbitraria, que no será corporal aflictiva y en su caso, y por el Artículo 165 de la Constitución[2], debe ser excarcelado bajo fianza. «Ese es mi parecer y lo profiero desde San Gil, el 14 de marzo de 1823».  

Continuando con los procedimientos de rigor, el 17 de marzo compareció en la villa del Socorro Miguel Ayala, uno de los nombrados como informante por parte del defensor y ante el Alcalde Ordinario, se le prestó el juramento de rigor con los actos religiosos de oficio, ofreció decir toda la verdad de lo que supiese y manifestó:

1. De edad 39 años, vecino del Socorro.

2. Ignora si a Marcos Trujillo se le ha pagado en la Maestranza.

3. Que el nominado Marcos Trujillo es obediente a los superiores y que no sabe porqué vive en ese lugar.

No firma la declaración por no saberlo hacer pero que bajo juramento ha declarado toda la verdad.

El testimonio de Francisco Díaz, cumplido bajo los mismos procedimientos y rituales de los declarantes, en la misma fecha y en el mismo lugar respondió:

1. De 37 años, vecino de la villa del Socorro.

2. Que conoce a Marcos Trujillo desde hace unos 4 años que vive en esta villa, unas veces trabajando en la Maestranza de la República acá y otra en la maestranza de Pamplona. Que no manifiesta repugnancia, parece que sin recibir sueldo, que el oficio de Trujillo era de herrero.

3. Que lo que ha declarado es verdad y que no firma por no saber hacerlo.

La tercera declaración es la de José María Vargas y una vez cumplidos los procedimientos declaró:

1. Que tiene 34 años, vecino de esta villa.

2.- Que no sabe si en la Maestranza a Marcos Trujillo le han abonado ración o sueldo ni tampoco si repugna este servicio.

3. Que la conducta de Trujillo es arreglada, que lo demás que contiene la pregunta lo ignora, porque Trujillo reside en Pinchote. Manifiesta que ha dicho toda la verdad.

El Alcalde Ordinario del Socorro, con fecha 20 de marzo ordena poner en libertad al reo en virtud de una fianza que se acordó ese día y que será comunicada a través de Dámaso Uribe, uno de los escribanos. Pero el 25 de abril el fiscal Joaquín Nepomuceno González, envía un concepto al Alcalde Ordinario donde dice que de las respuestas de los tres testigos, y de la confesión de Trujillo, está plenamente convencido de que éste atentó contra su propia vida y de facto se inhabilitó para no ir a la Maestranza de Pamplona, a cuyo servicio había sido destinado. Pide que para satisfacción de la vindicta pública y escarmiento de los malhechores que no se horrorizan en cometer semejantes delitos se le confisquen la mitad de sus bienes condenándosele a pagar las costas del proceso que se le sigue por las barbaries cometidas. La pena pecuniaria está establecida en la Ley 7. «Este es mi concepto pero solo V. (el Alcalde Ordinario) determinará lo que sea más conforme a la justicia. Socorro, 25 de abril de 1823».  

El defensor de oficio, José Antonio Arenas, recibe el concepto del fiscal y el 28 de abril, también desde El Socorro, anota:

«que el citado Trujillo desde las épocas pasadas en que lo trajeron a trabajar en la Maestranza en los oficios de herrería no ha tenido buena ración y los que trabajan allí han permanecido arrimados al fuego trabajando en ayunque u hornillo. Él no ha tenido tranquilidad ni lo suficiente para el sustento de su mujer y familia que se hallan casi desnudos mientras que en los días en que se encontraba en Pinchote, antes de su detención, había trabajado como cosechero con otros vecinos y allí tenía paz, tranquilidad y era libre, y dueño de su propio albedrío. Ahora que estamos en la era de la República que debe mirar al buen ciudadano, mirar con honor a la persona que le sirve al Estado y al público y teniendo en cuenta que las versiones de los testigos dan cuenta de que Trujillo ha prestado sus servicios a la República, y que es considerado un hombre honrado, pacífico y muy moderado que respeta las autoridades que le han gobernado considero que no es un mérito el tenerle tanto tiempo afligido en prisión y que la ley lo debe proteger pido la entera libertad para mi cliente, quién está arrepentido de su procedimiento “En justicia, lo imploro”».     

En el mismo sentido se pronuncia el 5 de mayo desde San Gil, José de Jesús Camacho, escribiente del proceso, manifestando que:

«con base en el primer dictamen que dio el 14 de marzo con respecto al suicidio, que se le trata de imputar a Marcos Trujillo, y teniendo en cuenta que ha acreditado prontitud al servicio de la República, cuando se le ha ocupado en la Maestranza de esta provincia ha desvanecido cualquier imputación «presmición» o sospecha de delito que proceda para una sentencia condenatoria y menos cuando la Ley 2, título 31, parte 7, a ninguno debe imponérsele pena sólo por un pensamiento de delinquir como el que le oí a Trujillo de darse muerte. Por tanto y en atención a lo prescrito por decreto citado soy de sentir se le absuelva absolutamente poniéndolo en libertad plena: sin que la prisión ni el proceso obsten a su reputación y fama. Dando información previa al fiscal superior como está prevenido».

El 9 de mayo en El Socorro Dámaso Uribe, Alcalde Ordinario sentencia:

«Me confirmo con el antecedente dictamen en todas sus partes y lo pronuncio por sentencia definitiva en esta causa obrando en ella en justicia y declarando a Marcos Trujillo por absuelto del cargo que se le hacía y poniéndose en libertad sin que le obste a su reputación y fama la prisión que ha sufrido: intímese a las partes y elévese esta causa original al S.E. de la Corte Superior del Distrito del centro, dejándose copia de la sentencia para el juzgado».

El mismo día compareció Marcos Trujillo y don José de Jesús Camacho, escribiente del proceso, manifestó que se le había informado del dictamen y de conformación con lo que contiene la sentencia definitiva de su causa, quedó convencido y no firma porque dice no saber.

Igualmente el 23 de mayo que compareció el defensor y otros funcionarios le informaron del dictamen y estuvo de conformación con los antecedentes que componen la sentencia definitiva de Marcos Trujillo y quedando entendido.

Luego en mayo 31 desde El Socorro es dirigido un oficio al Señor Orbegoso, Secretario de la Corte Superior de Justicia donde el fiscal manifiesta que Marcos Trujillo, sin tener ningún derecho para herirse a sí mismo, se ha cortado en un pie con el fin de no salir de su lugar a servir a la Patria en su propio oficio de herrero. Esto consta por las declaraciones de testigos, y por los que él hizo en su confesión, siendo justo que Trujillo prestase el servicio que la sociedad necesitaba y él le debía como ciudadano, él, desobedeciendo al juez que se lo exigía, dando el pésimo ejemplo de cobardía y desobediencia, ha impedido, hiriéndose, que se cumplieran las órdenes de sus jueces, y ha dañado a la sociedad en tanto, cuanto debió causarle su trabajo de provecho, esto hubiera hecho oportunamente.

Atendiendo, por tanto a que con la prisión que sufrió puede darse por castigada la «inobediencia», pero que debe indemnizar el daño según las leyes de partida. Al fiscal le parece, lo debe V.E., condenar en seis meses de servicio en la Maestranza de San Gil, a donde tanto repugnó ir, y revocar la sentencia absolutoria de primera instancia; así satisfará a la sociedad el trabajo o servicio que le había negado, y con su castigo corregiría a los que su ejemplo de repugnancia hubiese seducido.

El expediente se traslada al Procurador el 4 de julio por la Superior Corte de Justicia del Distrito de centro, ubicada en Bogotá, con esta nota:

«Dirijo a V. la causa criminal de Marcos Trujillo que le fue seguida por habérsele atribuido que se desgarreto por no concurrir a la Maestranza del Estado: va originalmente y consta de 21 folios útiles, para que V. se sirva elevarla a S.E la Corte Superior, para la aprobación o reforma que convenga a la sentencia definitiva pronunciada en ella».

Saturnino Araujo, procurador del proceso contesta a la acusación del fiscal afirmando que se debe confirmar la sentencia absolutoria en todas sus partes, por estar arreglada al mérito del proceso, a la razón y a las leyes. Afirma que es necesario tener en cuenta que la consulta para la ejecución de las sentencias a favor de los acusados para que no se imponga a los ciudadanos como pena arbitraria o injusta al no hallar delito por el juez inferior, no es motivo para que el superior lo indague. El haber absuelto al acusado por parte del juez ordinario del Socorro con dictamen de declararlo inocente, basta para que quede ejecutoriada por el Ministerio de la Ley. En razón de que no hay cuerpo de delito, continúa, porque no hubo reconocimiento de la herida, solo se sabe que fue en un pie y sin duda fue bien insignificante tanto que se le pudo conducir a la cárcel y no ha tenido consecuencia alguna. La resistencia de Trujillo en pasar a la maestranza no ha sido la de negarse a resistir a la Patria, como lo ha probado plenamente y ha sido una justa y racional reclamación que no fue escuchada porque exigir que un infeliz con familia, marche distante de su país a ocuparse sin tener con que “subenir” a la manutención de su familia, y aún a sí mismo, es una violencia contra todo derecho y razón, por solo cuando hay otro arbitrio y en último caso es el ciudadano el que debe prestar todo servicio y aún la vida por los sagrados derechos de la patria pero esta no es una madrastra destructora de sus hijos, sino una madre benéfica que si exige los servicios de sus hijos los recompensa con amor. El método y modo con que algunos jueces tratan a la ciudanía obligan a estos, muchas veces, a desviarse de sus deberes y a no prestarse con amor, más bien que desafecto u otra causa.   

Finalmente el Ministerio fiscal, que es el órgano de la ley, no asigna falta alguna que obligue a Trujillo a pasar a San Gil a servir por tiempo alguno, acabando de arruinarse con ello a un artesano útil y honrado que ha servido a la Patria y la serviría sin ruina de su familia, haciéndole conocer sus deberes para con aquella con dulzura y no haciéndole que por ser artesano debe sufrir una pena de que están exceptos los vagos y los poderosos: así el prestará sus servicios y conocerá la diferencia entre el gobierno tiránico y el justo de la República. Por todo ello y en justicia a V.E pido provea como elevo pedido se haga justicia.

El 12 de septiembre fue visto este proceso por los otros miembros de la Sala, Doctores Gómez, Ortiz y Osorio, y aunque votada «no se ha escrito la sentencia por no haber papel de oficio»

La sentencia final determinó que la desobediencia que hizo el procesado para no prestar el servicio a la República, que de él se exigía, queda compurgada con la prisión que ha sufrido. Finalmente los miembros de la Corte Superior de Justicia del Distrito del Centro, firman el 17 de septiembre de 1823. El 18 se le hizo saber a todas las partes el resultado final de la sentencia incluyendo, por supuesto a Marcos Trujillo quien dijo que no firma por no saberlo hacer. 

El pleito que duró varios meses culminó con la determinación del juez de considerar «compurgada la falta a la República» con la prisión que ya había sufrido durante los nueve meses del proceso y la absolución para que recobre la libertad «sin que la prición ni el proceso obsten a su reputación», una vez se le comprobaron los servicios prestados a la Patria en trabajos anteriores.

VII

Marcos Trujillo salió de la cárcel del Socorro a finales de septiembre de 1823. Ninguna persona lo estaba esperando. Tomó el camino hacia Pinchote donde estaba su familia y retomó sus actividades de cosechero. Jamás volvió a una maestranza, tampoco a ser protagonista de algún suceso. Terminó como «esa clase de personas cuyos nombres suelen ser desconocidos de todos excepto de su familia y de sus vecinos»[3], diría Eric Hobsbawm.

Pero en esa relación de memoria-historia, hoy, casi 200 años después, volvió a ser protagonista: como sujeto central de esta verídica historia humana. Acompaña como un retrato decimonónico a las 7’816.500 de personas, cuyos rostros y nombres son igualmente poco conocidos, víctimas de desplazamiento forzado por las violencias en Colombia, quienes en los albores del siglo XXI arrastran penosamente su mismo problema: el desarraigo.

Fuentes y Bibliografía

Causa Criminal contra Marcos Trujillo, por herirse a sí mismo para no trabajar con el Estado”. Archivo General de la Nación, Sección República, Fondo, Asuntos Criminales, Legajo 12, No de orden 020, folios 603 a 631, año 1823.

Archivo General de la Nación –AGN-, Sección República, Fondo: Asuntos Criminales, Causas Criminales desde 1820 a 1826, Legajos 9, 12, 13, 16, 17, 35, 43, 45, 46, 52, 54, 57, 58, 59, 61, 66, 71, 72, 80, 87, 89, 96.

933

AGN. Mapoteca: SMP4, REF.336ª/Tierras del partido de Pinchote/1783/Signaturas antiguas: V.C.: 233

Mapa de las tierras del partido de Pinchote, en la margen izquierda del Río de Mochuelo, Signatura de procedenciaSección: Colonia, Fondo: Tierras de Santander, Tomo 53, Folio 56.

AGN. Mapoteca: SMP4, REF.406A

Ríos Suárez y Chicamocha, Villa de San Gil

1820

Signaturas antiguas: V.C.: 411

Mapa de la zona comprendida entre los Ríos Suárez y Chicamocha y mapa de la Villa de San Gil.

Signatura de procedencia:Sección: República, Fondo: Secretaría de Guerra y Marina, Tomo 325, Folio 690

43 x 31 cms.

FABREGAT PEREDO, Mario, Justicia y Procedimientos Judiciales por Suicidio e Intento de Suicidio. Chile, 1820-1920, Tesis para optar al grado de Doctor en Historia, Universidad de Chile, 2017.

HOBSBAWM; Eric, Gente poco Corriente, Editorial Crítica, Barcelona, 1999.

GINZBURG, Carlo, El Juez y el Historiador, Editorial Anaya&Mario Muchnik, Madrid, 1993

GONZÁLEZ PÉREZ, Marcos, Los Nuevos Ceremoniales en Colombia, Intercultura, Bogotá, 2020

……………………………….Fiestas de Nación en Colombia, Academia Colombiana de Historia, Bogotá, 2019.

………………………………..Ceremoniales, Fiestas y Nación, De los Estandartes Muiscas al Himno Nacional, Intercultura, Bogotá, 2012.

………………………………..

Leyes de 1821 en www.bdigital.unal.edu.co › leyes_de_1821.

Actas del Congreso de Cúcuta en www.unal.edu.co

Codificación Nacional, año 1821 a 1823, Biblioteca del Archivo General de la Nación, Bogotá.

Museo Casa Caldas, Bogotá. Representaciones de una Maestranza. (Imágenes y Maqueta).

Cuerpo de Leyes de la República de Colombia, que comprende todas las leyes, decretos y resoluciones dictadas por sus congresos desde el de 1821 hasta el último de 1827. Caracas, en la Imprenta de Valencia espinal. 1840 en www.books.google.com.co

Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia desde el año 1821 hasta 1824. Tomo I, Imprenta Nacional, 1924, Biblioteca del Archivo General de la Nación, Bogotá.


[1] El 4 de enero de 1786, se expide la Real Ordenanza por Carlos iii, mediante la cual, entre otros asuntos, divide el Virreinato de Nueva España para su administración en 12 Intendencias. 

[2]Artículo 165. En cualquier tiempo en que parezcan desvanecidos los motivos que hubo para el arresto, detención o prisión, el arrestado será puesto en libertad. También la obtendrá dando fianza, en cualquier estado de la causa en que se vea que no puede imponérsele pena corporal. Al tiempo de tomar la confesión al procesado, que deberá ser a lo más dentro del tercero día, se le leerán íntegramente todos los documentos y las declaraciones de los testigos, con los nombres de éstos; y si por ellos no los conociere, se le darán todas las noticias posibles para que venga en conocimiento de quiénes son. Constitución de la República de Colombia, aprobada el 6 de octubre de 1821 en el Rosario de Cúcuta. Palacio de Gobierno. Firmada por Simón Bolívar, (con el sello provisional de la República), Ministro del Interior y Justicia, Diego B. Urdaneta; Ministro de Marina y Guerra, Pedro Briceño Méndez y Ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores, Pedro Gual

[3] HOBSBAWM; Eric, Gente poco Corriente, Editorial Crítica, Barcelona, 1999, Prefacio, p.7

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