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Marcos González Pérez. Historiador.

Si consideramos que la fiesta hace parte de las estructuras de una sociedad, en Colombia es necesario tener en cuenta los entrecruzamientos que se han producido entre sus fastos, 3.793 al año, y el conflicto armado que se ha vivido en esta nación desde hace unos 50 años.

Entre otros aspectos, en este siglo XXI varios acuerdos entre el gobierno colombiano y los grupos ilegales armados han producido una serie de acciones que, sin proponérselo, han redimensionado las manifestaciones festivas de algunas comunidades consideradas víctimas del conflicto. Se ha generado un surgimiento de ceremoniales, celebraciones y fiestas mediante las cuales las comunidades regionales, bien sean poblacionales o étnicas, han buscado rescatar la memoria de sus seres queridos, muchos reencontrados en los procesos de exhumación que se han realizado como manera de buscar verdad, justicia y reparación para la víctimas del conflicto armado.

De igual manera la creación de lugares de memoria por parte de las comunidades ha permitido visibilizar acontecimientos de violencia y al construir elementos simbólicos (murales, jardines, novelas, cantos, monumentos, performances, tejidos, casas-museos, entre otros) se ha generado un nuevo referente de celebraciones que propicia reparaciones simbólicas.

Es evidente que vislumbramos en la Colombia del siglo XXI una etapa de posconflicto lo que implica un arduo trabajo de medidas de satisfacción con las víctimas de esta violencia entre las cuales es imprescindible tener orientadores precisos en lo que se relaciona con la reparación simbólica definida como “toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas” (Artículo, Ley de Víctimas de 2011). En estos campos la cultura festiva es de gran importancia.

Es fundamentalmente bajo la aplicación de leyes como la de Justicia y Paz (2005) y la Ley de víctimas y Restitución de tierras (Ley 1448 de 10 de junio de 2011), que se originan una serie de eventos que dan cuenta de actos de memoria o de fiestas recuperadas o reinventadas.

No menos importante, en estos campos de las celebraciones y de las reparaciones, es la creación, especialmente de músicas, que los victimarios han producido en el marco de este conflicto armado y que pueden contribuir en la compresión de una realidad social que se vislumbra. En este caso vale la pena mencionar que producciones musicales como Justicia y Paz, De cantina en cantina o A Mi padre son títulos de músicas compuestas y cantadas por Oliverio Isaza, alias “Terror”, preso en la cárcel La Picota de Bogotá e hijo del jefe paramilitar Ramón Isaza, recluido también en el mismo establecimiento. Este confeso paramilitar ha obtenido permiso de la Fiscalía General de la Nación para grabar su música y ha acordado que lo producido en ventas debe entregarlo como parte de una “reparación a las víctimas” (El Tiempo, marzo 23 de 2014, p. 6).

Este documento busca acopiar las diversas nuevas celebraciones de la memoria en la Colombia del siglo XXI y dotarlas de los contextos políticos, sociales y culturales en las cuales han surgido. Servirá como soporte para la escritura de un guión cinematográfico que dé cuenta de estas realidades.

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